¿Pierde la estatal uruguaya Antel el monopolio en Internet?

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Empresas privadas entran al negocio de banda ancha fija con autorización del Ejecutivo

El 14 de junio, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, a través de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), firmó las resoluciones a través de las cuales cinco cableoperadoras locales fueron habilitadas con una Licencia Clase B para ofrecer servicio de internet (banda ancha fija) o de transporte y transmisión de datos.

La fecha es histórica si se toma en cuenta que hasta entonces solo la estatal Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) estaba facultada para prestar tal servicio en una suerte de monopolio. La decisión del Ejecutivo uruguayo recibió críticas de gremios de trabajadores y exdirectivos de Antel, que aseguraban que el país pierde soberanía al entregar licencias en un sector considerado estratégico.

Martín Montoro Inchausti, quien enfoca su práctica en tecnología, medios y telecomunicaciones (TMT, por sus siglas en inglés), en el despacho Dentons Jiménez de Aréchaga - Uruguay, señala que, en rigor, Antel no tenía un monopolio legal, pues el Reglamento de Telecomunicaciones (Decreto 115/003) ya contemplaba que los servicios de Internet (calificados como “transporte y transmisión de datos”) podían ser prestados por empresas privadas que obtuvieran licencias (Clase B) por parte del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con el Reglamento de Licencias de Telecomunicaciones, una licencia clase B permite prestar servicios de telecomunicaciones utilizando como soporte la red, medios o enlaces propios de otro operador.

Sin embargo, según el abogado, en la práctica no se otorgaban esas licencias y la situación encontró mayor respaldo en la Ley 19.307 (Ley de Medios), promulgada en diciembre de 2014. En su artículo 56 esta norma prohíbe a las empresas de servicios de comunicación audiovisual prestar a su vez servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos.

Esta disposición legal fue declarada inconstitucional en diversos fallos de la Suprema Corte de Justicia a partir de 2016 y, por lo tanto, declarada inaplicable respecto de aquellas empresas que promovieron el accionamiento, las mismas que han obtenido la licencia de operación: Korfield, Praimar, Nuevo Siglo, Montecable y Tractoral (TCC).